No estaba en agenda hasta el crimen de Daniel Capristo. Pero el Parlamento sacó el tema del cajón y comenzó una carrera en las dos Cámaras -donde desde hoy se discute en comisiones- para aprobar cuanto antes un Régimen Penal Juvenil que contempla penas de prisión para adolescentes desde los 14 años.La idea más extendida es que se haga un régimen especial para los menores desde los 14 años, diferente del que rige para los adultos en asuntos penales. Las penas serían menores y diferentes a las del mundo de los mayores, se los confinaría en institutos especializados (diferentes del régimen tutelar que existe hasta ahora) y se les otorgaría derechos que hasta ahora no tienen. Por ejemplo, que se los juzgue para determinar si son culpables y que puedan designar abogado defensor.
Otros, en cambio, quieren directamente "bajar la edad de imputabilidad" y que las penas sean las mismas que para los adultos.Hasta ahora, los menores de 14 y 15 años ni siquiera son sometidos a proceso (por eso tampoco tienen abogados que los defiendan), y es un juez el que discrecionalmente decide privarlos de la libertad en algún instituto, aunque la imputación no se haya probado.Para los de 16 y 17 hay un régimen acotado, pero pueden ser penados y cumplen su condena a partir de los 18.La "carrera" en el Parlamento comenzó ayer, con una reunión de asesores de Asuntos Penales de Diputados. Esta tarde se reunirán los legisladores para empezar a tratar el tema. "Lo que empezaremos a discutir es un régimen especial con procedimientos y juicios a menores que delinquen y que tengan todas las garantías en juicio", se precisó. El jueves pasado, el jefe del bloque K en Senadores había adelantado que la Cámara Alta también tratará el tema esta semana, con la idea de votarlo el miércoles 29 de abril.
En el Congreso hay una veintena de proyectos sobre el tema, todos muy similares: se basan en el dictamen de consenso que se había redactado en el año 2007 en el Senado, cuando presidía la Comisión la ahora diputada Vilma Ibarra.Por entonces, y desde 2004 (en la misma época en que Juan Carlos Bumberg, el padre Axel, insistía con petitorios de mano más dura) hubo decenas de reuniones, seminarios y consultas para llegar a un texto acordado.Y se llegó al consenso, incluso en conjunto con varios diputados, a fines de 2007. Pero nadie más movió un dedo. "El Gobierno no tuvo voluntad política para tratarlo", denuncia Ibarra.De hecho, Pichetto -miembro de la Comisión- se negó a firmarlo, pese al consenso y a que varios kirchneristas lo avalaban.Es este mismo proyecto, que perdió estado parlamentario pero fue presentado nuevamente por varios legisladores, del que se habla y el que tiene más adeptos: casi todos son una copia de aquel trabajo.
Ahora hay 11 textos en Diputados (de Ibarra, el ex ARI Emilio García Méndez, la kirchnerista Paola Spátola y recomendaciones del juez de la Corte Eugenio Zaffaroni, quien incluyó la parte penal del Estatuto de Menores de Brasil) y otros tantos en el Senado (entre ellos del radical Gerardo Morales, la peronista disidente Sonia Escudero y la kirchnerista María Perceval).La cuestión de la edad de imputabilidad comenzó a menearse fuerte tras el asesinato de Axel Blumberg, en 2004. Sin embargo, el petitorio que su padre llevó al Congreso (que fue firmado por miles de argentinos) no hacía referencia específica a esto: pedía otras leyes, algunas de las cuales se sancionaron y otras no.Pero el tema fue objeto de arduo trabajo, en consonancia con las ley sobre los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y de acuerdo a las normas de UNICEF y las normas internacionales.Según recordó la legisladora Conti, la Argentina está demandada internacionalmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por 13 casos de menores condenados a perpetua.
Otros, en cambio, quieren directamente "bajar la edad de imputabilidad" y que las penas sean las mismas que para los adultos.Hasta ahora, los menores de 14 y 15 años ni siquiera son sometidos a proceso (por eso tampoco tienen abogados que los defiendan), y es un juez el que discrecionalmente decide privarlos de la libertad en algún instituto, aunque la imputación no se haya probado.Para los de 16 y 17 hay un régimen acotado, pero pueden ser penados y cumplen su condena a partir de los 18.La "carrera" en el Parlamento comenzó ayer, con una reunión de asesores de Asuntos Penales de Diputados. Esta tarde se reunirán los legisladores para empezar a tratar el tema. "Lo que empezaremos a discutir es un régimen especial con procedimientos y juicios a menores que delinquen y que tengan todas las garantías en juicio", se precisó. El jueves pasado, el jefe del bloque K en Senadores había adelantado que la Cámara Alta también tratará el tema esta semana, con la idea de votarlo el miércoles 29 de abril.
En el Congreso hay una veintena de proyectos sobre el tema, todos muy similares: se basan en el dictamen de consenso que se había redactado en el año 2007 en el Senado, cuando presidía la Comisión la ahora diputada Vilma Ibarra.Por entonces, y desde 2004 (en la misma época en que Juan Carlos Bumberg, el padre Axel, insistía con petitorios de mano más dura) hubo decenas de reuniones, seminarios y consultas para llegar a un texto acordado.Y se llegó al consenso, incluso en conjunto con varios diputados, a fines de 2007. Pero nadie más movió un dedo. "El Gobierno no tuvo voluntad política para tratarlo", denuncia Ibarra.De hecho, Pichetto -miembro de la Comisión- se negó a firmarlo, pese al consenso y a que varios kirchneristas lo avalaban.Es este mismo proyecto, que perdió estado parlamentario pero fue presentado nuevamente por varios legisladores, del que se habla y el que tiene más adeptos: casi todos son una copia de aquel trabajo.
Ahora hay 11 textos en Diputados (de Ibarra, el ex ARI Emilio García Méndez, la kirchnerista Paola Spátola y recomendaciones del juez de la Corte Eugenio Zaffaroni, quien incluyó la parte penal del Estatuto de Menores de Brasil) y otros tantos en el Senado (entre ellos del radical Gerardo Morales, la peronista disidente Sonia Escudero y la kirchnerista María Perceval).La cuestión de la edad de imputabilidad comenzó a menearse fuerte tras el asesinato de Axel Blumberg, en 2004. Sin embargo, el petitorio que su padre llevó al Congreso (que fue firmado por miles de argentinos) no hacía referencia específica a esto: pedía otras leyes, algunas de las cuales se sancionaron y otras no.Pero el tema fue objeto de arduo trabajo, en consonancia con las ley sobre los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y de acuerdo a las normas de UNICEF y las normas internacionales.Según recordó la legisladora Conti, la Argentina está demandada internacionalmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por 13 casos de menores condenados a perpetua.
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